La ONU señala a España: “La Policía Nacional ha vulnerado los derechos humanos de los afrodescendientes durante la pandemia”

Escrito por Rights International Spain  
El Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU expresa preocupación por el racismo sistémico en la crisis actual y urge a los gobiernos a que pongan fin a la impunidad de los cuerpos policiales.
 

El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas acaba de hacer público los resultados de su investigación “Covid-19, racismo sistémico y protestas mundiales”. El documento recoge los hallazgos de los Expertos de la ONU sobre violencia policial durante la pandemia, la falta de datos desglosados por raza y etnia, y las condiciones “inhumanas” de retención de personas migrantes y solicitantes de asilo, entre otros. El Grupo parte de que “pasar por alto la raza ha llevado a cometer errores críticos” en la respuesta al Covid-19.

España: segundo país más señalado por los expertos de la ONU.

Por primera vez, desde que el Grupo de Expertos sobre Afrodescendientes fue establecido en 2002, España se sitúa entre los países más veces señalados por las Naciones Unidas en relación a la violencia contra personas de ascendencia africana, solo por detrás de los Estados Unidos. El dossier recoge las preocupaciones y recomendaciones contenidas en el informe “Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma”, elaborado por el Equipo del Decenio Afrodescendiente en España y Rights International Spain (RIS) y que evidencia cómo la crisis sanitaria ha supuesto un retroceso en la lucha contra la discriminación racial en España.

Trabajadoras del hogar y cuidados

El Grupo se hace eco del Informe del Equipo Afrodescendiente y RIS para señalar la situación de las trabajadoras domésticas, las cuales carecieron de equipos de protección y garantías de seguridad necesarias para desempeñar su labor de cuidados de personas contagiadas, exponiéndose a un alto riesgo. Además, al carecer de contrato de trabajo o no tener la documentación en regla, no pudieron acreditar sus desplazamientos en los controles policiales, “llegando a sortear riesgos extremos de detención, privación de libertad o contagio”.

Brutalidad policial

Los Expertos ponen sobre la mesa el aumento de la violencia policial contra las personas afrodescendientes. Según manifiestan, el 70% de los afrodescendientes detenidos en España por la policía, denunciaron haber sido objeto de la fuerza o la brutalidad. Asimismo, resaltan que los agentes se mostraron particularmente insensibles en el trato con personas con trastornos mentales, usando la violencia contra ellas. Muchas de las personas intervenidas afirmaron no haber vuelto a salir de casa, ni siquiera por necesidades básicas como adquirir comida o medicinas.

En algunos casos se grabaron en vídeo episodios de violencia policial, lo que se utilizó como motivo para justificar la detención de los testigos de ese tipo de violencia. En España, la Policía Nacional ha sido considerada como una de las instituciones que más ha vulnerado los derechos humanos, si bien también ha habido otras entidades responsables del mantenimiento del orden que se han visto envueltas en incidentes de este tipo”. Según el Grupo, las restricciones impuestas se han utilizado “como pretexto para aplicar la ley de manera desproporcionada y hacer uso de la violencia contra los afrodescendientes”.

Fracaso institucional a la hora de incluir una perspectiva étnico- racial

El documento de la ONU también revela “evidentes disparidades raciales” en la aplicación de las restricciones relacionadas con la Covid-19 y afirma que el daño sufrido por personas afrodescendientes se ha visto agravado, porque su condición no se ha tenido en cuentaa la hora de abordar las repercusiones de la pandemia: “Los responsables de formular políticas están restando importancia a las necesidades y riesgos de los afrodescendientes en la crisis actual”. En ese marco, apunta que “algunos Estados han politizado la actual emergencia de salud pública para eludir obligaciones en materia de derechos humanos”.

El Grupo concluye que “las protestas generalizadas han ilustrado que los afrodescendientes y otros grupos de población, reconocen su falta de visibilidad, la desatención y la violencia policial de la que son víctimas en las prácticas locales que se aplican en sus propias comunidades” y que “[las] disparidades raciales sugieren que la precariedad que sufren las poblaciones interseccionales, irá en aumento”.

En España nada se ha hecho y no se ha adoptado medida alguna, desde el fin del Estado de alarma hasta hoy, para abordar estas cuestiones y corregir las deficiencias y violaciones señaladas. Es vital que las autoridades tengan en cuenta las necesidades específicas de las personas racialmente diversas y las integren en las medidas a adoptar. En estos momentos de incertidumbre ante la posibilidad de nuevos confinamientos, tememos un escenario de más desigualdad, más brutalidad y más discriminación.

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